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viernes, 23 de septiembre de 2011

ACTUALIZACION DE HONORARIOS - invalidez del art. 61 de la ley de aranceles -

Cereigido Carlos Alfredo c/ Freiria Carlos Alberto | ejecución
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
Juzgado: 95
: 19-ago-2011
MICROJURIS Cita: MJ-JU-M-67610-AR | MJJ67610
Producto: MJ
Buenos Aires, 19 de agosto de 2011.-
AUTOS Y VISTOS; Y CONSIDERANDO:
I.- La parte ejecutada no ha opuesto excepciones al progreso de la ejecución, limitándose en su
presentación de fs. 455/456 a cuestionar la liquidación practicada a fs. 423vta. y a requerir el rechazo
del planteo de inconstitucionalidad del art. 61 de la ley 21.839, formulado por el ejecutante a fs.
424/429.-
II.- En razón de las cuestiones introducidas, corresponde analizar previamente el pedido de invalidez de
la referida norma de la ley de aranceles profesionales.- Sabido es que la declaración de
inconstitucionalidad es un acto de suma gravedad institucional, que debe ser considerado como la
"ultima ratio" del orden jurídico, a la que sólo cabe acudir cuando no existe otro modo de salvaguardar
algún derecho o garantía amparado por la Constitución (C.S.J.N., noviembre 23-1989, "Mitivie, Carlos
M. C/ Estado Argentino -Ministerio de Defensa- Instituto de Ayuda Financiera para Pagos de Retiro y
Pensiones Militares", R.E.D. 24-221).- Para la procedencia del excepcional remedio intentado es
necesario efectuar una sólida, detallada, concreta y razonada fundamentación de las circunstancias en
las que se basa (conf. C.S.J.N., Fallos: 306-159).-
La regla de la razonabilidad prevista en forma expresa en el art. 28 de la Constitución Nacional, es la
que ha de guiar al juzgador al momento de interpretar la constitucionalidad de un acto o ley. Así, la ley
que altere o suprima un derecho cuyo ejercicio pretende reglamentar incurre en irrazonabilidad o
arbitrariedad, en cuanto imponga limitaciones a éste que no sean proporcionadas a las circunstancias
que las motivan y a los fines que se propone alcanzar con ellas (conf. Linares Quintana, Segundo V.,
"Reglas la a Interpretación Constitucional", pág. 123, Editorial Plus Ultra, Buenos Aires, 1988).- En la
especie, el letrado ejecutante persigue la declaración de inconstitucionalidad del art. 61 de la ley
21.839, que establece en su parte pertinente:"Las deudas de honorarios, pactados o por regulación
judicial firme... devengarán intereses equivalentes a la tasa pasiva promedio que publique el Banco
Central de la República Argentina".- Dicha norma estableció la tasa legal aplicable a tales
emolumentos, conforme lo previsto por el art. 622 del Código Civil, por lo que en razón de los cambios
económicos operados desde su dictado, el profesional requiere la declaración de invalidez, por afectar
los derechos de igualdad y propiedad consagrados por los arts. 16 y 17 de nuestra Carta Magna.- Pese a
que la jurisprudencia ha reconocido en forma reiterada la necesaria aplicación de la tasa legal prevista
por el art. 61 de la ley 21.839 en materia de honorarios de los profesionales del derecho mientras no se
cuestione su validez constitucional (CNCiv., Sala "M", "Calvo, Manuel c/ Santanocito, Carlos y otro s/
ejecución de acuerdo ley 24.573, del 18/2/2010; CNCom, Sala "D", "Sasetru S.A. s/quiebra s/inc. de
cobro de honorarios prom.", del 16/2/2009, etre otros), tal opinión debe ser dejada de lado en la
especie, frente al planteo concreto de invalidez formulado por el letrado.-
III.- Ahora bien, en materia de tasa de interés ha sido relevante en nuestro fuero la doctrina plenariasentada por la Excma. Cámara Civil en autos "Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes
Doscientos Setenta S.A." (del 24/4/2009, publicado en LA LEY 2009-C, 99), que dispuso:
"Corresponde dejar sin efecto la doctrina fijada en los fallos plenarios "Vázquez, Claudia Angélica c/
Bilbao, Walter y otros s/ daños y perjuicios" del 2/8/93 y "Alaniz, Romano Evelia y otro c/ Transportes
123 SACI s/ daños y perjuicios" del 23/3/04.
Es conveniente establecer la tasa de interés moratorio. Corresponde aplicar la tasa activa cartera general
(préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.La tasa de interés
fijada debe computarse desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia, salvo que su
aplicación en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia implique una alteración del
significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido".- El cambio
de criterio en materia de intereses moratorios, se fundó en aspectos económicos y jurídicos.- En efecto,
la opinión mayoritaria entendió que la tasa de interés moratorio debe ser suficientemente resarcitoria en
la especificidad del retardo imputable que corresponde al cumplimiento de la obligación dineraria con
la finalidad, entre otras, de no prolongar la ejecución de la condena indemnizatoria en detrimento del
patrimonio de la persona damnificado. Con el objeto de mantener incólume la cuantía de la obligación
deben fijarse tasas de interés positivas en procura de evitar que, debido a la demora en el pago
imputable al obligado, el acreedor reciba una suma nominal depreciada, en lugar de la justa
indemnización que le corresponde para enjugar el daño padecido (conf. CNCiv., Sala G, in re
"Velázquez Mamani, Alberto c/ José M. Alladio e Hijos S.A. y otros" del 14/11/06, LA LEY, 2007-B,
147).- Los factores micro y macro económicos que dieron lugar a los plenarios "Vázquez" y "Alaniz"
son diferentes a los que se dan en el momento actual. Los cambios de las circunstancias
económico-financieras operados, de los que dan cuenta los índices inflacionarios -aún aquéllos que
plantean serios reparos sobre su transparencia-, son elementos que dan fundamento a la decisión de
dejar sin efecto esa doctrina porque ya no cumple la satisfacción de "la debida indemnización de los
daños sufridos".- De ahí que, en una economía donde la inflación es igual a cero cualquier tasa, aún la
pasiva, es una tasa positiva.Pero frente a la creciente desvalorización monetaria, la tasa pasiva no
repara ni siquiera mínimamente el daño que implica al acreedor no recibir su crédito en el tiempo
oportuno, a la par que provoca un Poder Judicial de la Nación Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil n° 95 beneficio para el deudor moroso. Se agrega a ello que hoy nadie puede desconocer la
desvalorización monetaria, reconocida inclusive por los propios índices que publica el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos (conf. Castillejo de Arias, Olga; "En Mendoza la mora premia, no
apremia. A propósito de la sanción de la ley de intereses 7198 de la Provincia de Mendoza"; LL Gran
Cuyo, junio 2004, 413).- Por otro lado, en su ampliación de fundamentos, los Dres. Molteni y Racimo
minimizaron los aspectos económicos que se tuvieron en cuenta para fundar la opinión de la mayoría y
pusieron de resalto que la tasa activa es la que, desde el punto de vista estrictamente jurídico,
rectamente traduce el daño experimentado por el acreedor frente al incumplimiento culposo del deudor
dinerario.- No son las razones económicas las determinantes del tipo de interés que corresponde aplicar
en ausencia de convención de las partes, sino que al margen de las variaciones que registren las tasas
por las propias fluctuaciones del mercado financiero, desde el punto de vista jurídico es menester
reconocer que el resarcimiento debido por el deudor moroso debe estar representado por la denominada
tasa activa, que es la que cobran los bancos por los créditos que otorgan, solución que fue consagrada
durante un siglo por nuestros tribunales por aplicación analógica del art. 565 del Código de Comercio
(de la ampliación de fundamentos del Dr. Molteni).- A su vez, se sostuvo que la interpretación del
art.622 del Código Civil lleva -en principio- a la aplicación de la Poder Judicial de la Nación Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil n° 95 tasa activa como método analógico ante la inexistencia
de una tasa de capital corriente en los mutuos civiles. Se trata de una línea de base de la consideración
de los casos que se encuentran sometidos a nuestra competencia civil que resulta tanto más aplicable al
conjunto de situaciones en los cuales se debe ponderar la situación de la víctima de un hecho ilícito el
cual ha sufrido directamente una suerte de expropiación de su propiedad o de su capacidad productiva.
Si la base resulta aplicable para el mutuante civil tanto más lo será para la víctima de un accidente detránsito que demanda en justicia la reparación integral de los daños (de la ampliación de fundamente
del Dr. Racimo).- A los aspectos reseñados, cabe sumar el hecho de que la tasa activa también resulta la
rata de interés moratorio establecida por la Cámara Nacional en lo Comercial, conforme la doctrina
plenaria sentada en autos "La Razón S.A. s/ quiebra" (del 27/10/94, publicado en LA LEY 1994-E, 412
y DJ 1994-2, 1196).-
IV.- Bajo tales premisas, si tomamos como norte los relevantes aspectos económicos que llevaron a
dejar de lado la tasa pasiva en pos de la activa como tasa de interés moratorio prevista por la anterior
doctrina plenaria, debe concluirse que mantener la rata legal impuesta por la normativa impugnada
importaría una clara afectación del derecho de propiedad de los profesionales del derecho, quienes a
tenor de la coyuntura actual de la economía verían insuficientemente compensado el retardo derivado
del incumplimiento en el pago de los honorarios pactados o regulados judicialmente.- Poder Judicial de
la Nación Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil n° 95 Es que como la tasa de interés
moratorio prevista por el art.622 del Código Civil constituye el resarcimiento para el incumplimiento
de las obligaciones de dar sumas de dinero, ante la falta de pago de los emolumentos dichos accesorios
se incorporan al patrimonio del acreedor, quien a partir de allí cuenta con una derecho adquirido a
percibir el capital debido junto a otro importe que tiene por finalidad resarcir la demora en la
percepción de lo adeudado.- Por lo demás, si entendemos desde el punto de vista jurídico que la tasa
activa es la que corresponde aplicar para resarcir el daño moratorio por el incumplimiento de las
obligaciones de dar sumas de dinero, privar a los abogados de dicha rata -privilegiando una de menor
entidad como la pasiva- constituye un grave cercenamiento del derecho a la igualdad consagrado por el
art. 16 de la Constitución Nacional, ya que ello importa beneficiar a un conjunto de acreedores por
sobre otros, pese a que sus obligaciones cuentan con idéntico objeto.- Por tales consideraciones y
valorando además el carácter alimentario que la doctrina y jurisprudencia uniforme han otorgado a los
honorarios profesionales, corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 61 de la ley 21.839.- V.-
Respecto de la impugnación formulada a la liquidación practicada por el ejecutante, debe estarse al
allanamiento que surge de la presentación a despacho.- En virtud de ello y teniendo en cuenta lo
resuelto en el considerando IV), cabe aprobar la liquidación practicada a fs. 469vta.- Por tales
consideraciones, SE RESUELVE:
Declarar la inconstitucionalidad del art. 61 de la ley 21.839.
Aprobar la liquidación practicada por el accionante a fs.
469vta. Mandar llevar adelante la ejecución hasta hacer al acreedor íntegro pago del capital reclamado,
con más sus intereses, que se liquidarán a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual
vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, y las costas del proceso (art. 508 y
concordantes del Código Procesal).-
Notifíquese personalmente o por cédula.- Previo al giro solicitado, acompañe saldo bancario de la
cuenta donde fueron transferidos los fondos fruto del embargo oportunamente trabado.-
DRA.NORA GONZALEZ DE ROSSELLO (JUEZ