CHACO: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA con JUECES AD HOC
FALLO EN FAVOR DE EMPLEADOS JUDICIALES EN DEMANDA POR
SALARIOS ADEUDADOS POR UN MONTO SUPERIOR A LOS
DOS MIL MILLONES DE PESOS ($2.000.000.0000)
NOTICIA DEL DIARIO NORTE
El tribunal ad hoc, con mayoría radical, falló a favor de judiciales en la multimillonaria demanda
Martes, 10 de Febrero de 2009 - Publicado en la Edición Impresa
El Superior Tribunal de Justicia ad hoc que se conformó para dictar sentencia en la denominada causa Müller, finalmente falló a favor de los empleados judiciales en la millonaria demanda que tendrá un fuerte impacto en el presupuesto judicial. De los cuatro conjueces que integran el tribunal, tres tienen estrecha vinculación con el radicalismo, por lo que la sentencia -que llegó después de 17 años de litigio- es interpretada como una movida para poner en apuros el manejo de las finanzas de la actual administración provincial.
Ayer, poco después del mediodía, la oficina de prensa del Superior Tribunal de Justicia dio a conocer un escueto comunicado que señalaba que los integrantes del tribunal ad hoc habían hecho lugar a la declaración de ilegitimidad promovida en la denominada causa Müller, en forma unánime. Se confirmaba así que los conjueces Raúl Nardoni, Raúl Parra, Fortunato Suárez y Susana Pachecoy habían aceptado el planteo presentado por el ex fiscal Gustavo Müller, quien había reclamado que se declare la ilegitimidad del aumento salarial que se otorgaron las autoridades del Superior Tribunal de Justicia del Chaco en 1991, sin trasladarlo a los empleados judiciales como establecía la ley de enganche salarial. A excepción de la doctora Susana Pachecoy, que oportunamente se excusó de de integrar este Tribunal ad hoc aunque luego el Consejo de la Magistratura aceptó su pedido, los tres conjueces restantes tienen estrecha vinculación con el radicalismo provincial: el abogado Raúl Nardoni fue presidente del Nuevo Banco del Chaco primero durante la administración del ex gobernador radical Ángel Rozas, y luego continuó en la entidad bancaria durante la gestión de Roy Nikisch; Fortunato Suárez actuó es el abogado del ex secretario de Información Pública de la gestión rozista, Carlos Carosini, en las demandas que inició el ex funcionario, entre ellas una que promovió contra el Sindicato de Prensa y Editorial Chaco y de Raúl Parra, en tanto, se sabe que actuó como fiscal de la Alianza Frente de Todos en las últimas elecciones; además actualmente se desempeña como secretario del Concejo Municipal de Resistencia. Esta particular conformación del Tribunal ad hoc que dictó sentencia en el histórico juicio, hizo inevitable que los más versados en cuestiones judiciales hayan visto claramente en esta movida una estrategia urdida con el sello del ex ministro coordinador del gobierno de Rozas y último ministro en ser incorporado al Superior Tribunal de Justicia, Rolando Toledo. Cambio de criterio Otro dato llamativo es el hecho de que el fallo del Tribunal ad hoc, que tiene cerca de 90 carillas, rompe con una doctrina que había fijado históricamente el Superior Tribunal de Justicia de la provincia en casos similares, en los que había rechazado sin excepción la demanda. Cabe recordar, por otra parte, que la causa Müller, conocida así por el primer nombre del primer grupo de empleados que inicio juicio planteando la ilegalidad del aumento y sobre el que el Superior Tribunal de Justicia ad hoc estableció a la jornada de ayer como límite para dictar la sentencia, prácticamente estuvo dormida durante los gobiernos de la Alianza, y es por esto que también llamó la atención que ahora con un justicialista ocupando el Ejecutivo provincial, el tribunal integrado en su mayoría por letrados vinculados al radicalismo haya resuelto reconocer la ilegalidad planteada hace ya 17 años por la demanda. En rigor, es a partir de noviembre del año pasado que se produce en el Tribunal ad hoc un cambio de criterio, y desde esa fecha comienza un proceso de aceleración de la causa que terminó tres meses después con el dictado del fallo que favorece a los empleados judiciales en una millonaria demanda que, como se señaló, tendrá un fuerte impacto en el presupuesto judicial. ¿Cómo sigue? Se estima que en las próximas horas el Estado provincial será notificado del fallo, y todo hace prever que la Fiscalía de Estado hará uso de las herramientas que ofrece el proceso judicial presentando un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De hecho, ayer a primera hora la Fiscalía de Estado se presentó en la causa y advirtió al Tribunal ad hoc que el órgano no estaba constituido como correspondía, según las normas constitucionales, y que por lo tanto la sentencia corría el riesgo de ser declarada nula (ver aparte). Por otra parte, en caso de que la sentencia quede firme el beneficio no llegará a la totalidad de los empleados judiciales, sino solo para los que iniciaron la demanda. Al respecto, nadie sabe a ciencia cierta cuántos son los hicieron el reclamo por la vía dela Cámara Contencioso Administrativa, aunque algunas estimaciones hablan de 1.200 empleados. Impacto en la caja Una estimación realizada por el Superior Tribunal de Justicia reveló que el monto reclamado en el año 2001 alcanzaba por entonces los 2.000 millones de pesos. De ahí que se anticipa que la actualización de ese monto a la fecha, y en caso de quedar firme la sentencia, significará un enorme costo en el presupuesto judicial.
Martes, 10 de Febrero de 2009 - Publicado en la Edición Impresa
El Superior Tribunal de Justicia ad hoc que se conformó para dictar sentencia en la denominada causa Müller, finalmente falló a favor de los empleados judiciales en la millonaria demanda que tendrá un fuerte impacto en el presupuesto judicial. De los cuatro conjueces que integran el tribunal, tres tienen estrecha vinculación con el radicalismo, por lo que la sentencia -que llegó después de 17 años de litigio- es interpretada como una movida para poner en apuros el manejo de las finanzas de la actual administración provincial.
Ayer, poco después del mediodía, la oficina de prensa del Superior Tribunal de Justicia dio a conocer un escueto comunicado que señalaba que los integrantes del tribunal ad hoc habían hecho lugar a la declaración de ilegitimidad promovida en la denominada causa Müller, en forma unánime. Se confirmaba así que los conjueces Raúl Nardoni, Raúl Parra, Fortunato Suárez y Susana Pachecoy habían aceptado el planteo presentado por el ex fiscal Gustavo Müller, quien había reclamado que se declare la ilegitimidad del aumento salarial que se otorgaron las autoridades del Superior Tribunal de Justicia del Chaco en 1991, sin trasladarlo a los empleados judiciales como establecía la ley de enganche salarial. A excepción de la doctora Susana Pachecoy, que oportunamente se excusó de de integrar este Tribunal ad hoc aunque luego el Consejo de la Magistratura aceptó su pedido, los tres conjueces restantes tienen estrecha vinculación con el radicalismo provincial: el abogado Raúl Nardoni fue presidente del Nuevo Banco del Chaco primero durante la administración del ex gobernador radical Ángel Rozas, y luego continuó en la entidad bancaria durante la gestión de Roy Nikisch; Fortunato Suárez actuó es el abogado del ex secretario de Información Pública de la gestión rozista, Carlos Carosini, en las demandas que inició el ex funcionario, entre ellas una que promovió contra el Sindicato de Prensa y Editorial Chaco y de Raúl Parra, en tanto, se sabe que actuó como fiscal de la Alianza Frente de Todos en las últimas elecciones; además actualmente se desempeña como secretario del Concejo Municipal de Resistencia. Esta particular conformación del Tribunal ad hoc que dictó sentencia en el histórico juicio, hizo inevitable que los más versados en cuestiones judiciales hayan visto claramente en esta movida una estrategia urdida con el sello del ex ministro coordinador del gobierno de Rozas y último ministro en ser incorporado al Superior Tribunal de Justicia, Rolando Toledo. Cambio de criterio Otro dato llamativo es el hecho de que el fallo del Tribunal ad hoc, que tiene cerca de 90 carillas, rompe con una doctrina que había fijado históricamente el Superior Tribunal de Justicia de la provincia en casos similares, en los que había rechazado sin excepción la demanda. Cabe recordar, por otra parte, que la causa Müller, conocida así por el primer nombre del primer grupo de empleados que inicio juicio planteando la ilegalidad del aumento y sobre el que el Superior Tribunal de Justicia ad hoc estableció a la jornada de ayer como límite para dictar la sentencia, prácticamente estuvo dormida durante los gobiernos de la Alianza, y es por esto que también llamó la atención que ahora con un justicialista ocupando el Ejecutivo provincial, el tribunal integrado en su mayoría por letrados vinculados al radicalismo haya resuelto reconocer la ilegalidad planteada hace ya 17 años por la demanda. En rigor, es a partir de noviembre del año pasado que se produce en el Tribunal ad hoc un cambio de criterio, y desde esa fecha comienza un proceso de aceleración de la causa que terminó tres meses después con el dictado del fallo que favorece a los empleados judiciales en una millonaria demanda que, como se señaló, tendrá un fuerte impacto en el presupuesto judicial. ¿Cómo sigue? Se estima que en las próximas horas el Estado provincial será notificado del fallo, y todo hace prever que la Fiscalía de Estado hará uso de las herramientas que ofrece el proceso judicial presentando un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De hecho, ayer a primera hora la Fiscalía de Estado se presentó en la causa y advirtió al Tribunal ad hoc que el órgano no estaba constituido como correspondía, según las normas constitucionales, y que por lo tanto la sentencia corría el riesgo de ser declarada nula (ver aparte). Por otra parte, en caso de que la sentencia quede firme el beneficio no llegará a la totalidad de los empleados judiciales, sino solo para los que iniciaron la demanda. Al respecto, nadie sabe a ciencia cierta cuántos son los hicieron el reclamo por la vía dela Cámara Contencioso Administrativa, aunque algunas estimaciones hablan de 1.200 empleados. Impacto en la caja Una estimación realizada por el Superior Tribunal de Justicia reveló que el monto reclamado en el año 2001 alcanzaba por entonces los 2.000 millones de pesos. De ahí que se anticipa que la actualización de ese monto a la fecha, y en caso de quedar firme la sentencia, significará un enorme costo en el presupuesto judicial.
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